INTEGRANTES:
SANDRA GOMEZ
ANGELA CEDEÑO
PATRICIA RODRIGUEZ
lunes, 6 de junio de 2011
jueves, 14 de abril de 2011
Aprender química para un futuro sostenible. Aspectos CTSA en la química de 2º de bachillerato utilizando las TIC - Grupo Lentiscal de Didáctica de la Física y Química
La Asociación Nacional de Químicos de España acaba de celebrar las II Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Química, concediendo el premio a la mejor aportación en la innovación didáctica al trabajo: Aprender química para un futuro sostenible. Aspectos CTSA en la química de 2º de bachillerato utilizando las TIC de los profesores A. Cárdenes Santana, F. Martínez Navarro, E. de Santa Ana Fernández, V. Mingarro González,J. A. Domínguez Silva de los Centros: IES Lila, IES Alonso Quesada, IES Tafira, IES Vega de San Mateo y Colegio Heidelberg respectivamente de Las Palmas (España).
En los últimos años se constata una disminución alarmante del número de estudiantes que escoge la opción de ciencias en la ESO, y en el bachillerato sólo elige Química alrededor de un 35% del alumnado. Los estudiantes señalan que la enseñanza de la química está aislada de la sociedad y de la vida cotidiana y que el método de enseñanza utilizado mayoritariamente por el profesorado, basado en la transmisión verbal de conocimientos ya elaborados, es aburrido y poco participativo. La ausencia de trabajos prácticos, del uso del ordenador y el hecho de no abordar problemas relevantes de nuestro tiempo, que despierten interés, contribuye a la desmotivación y al fracaso escolar. Se esta produciendo un alarmante descenso del interés de los jóvenes por los estudios científicos (Informe Rocard, 2007).
16 de octubre de 2007
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1200
http://www.oei.es/decada/Aprenderquimica.pdf
En los últimos años se constata una disminución alarmante del número de estudiantes que escoge la opción de ciencias en la ESO, y en el bachillerato sólo elige Química alrededor de un 35% del alumnado. Los estudiantes señalan que la enseñanza de la química está aislada de la sociedad y de la vida cotidiana y que el método de enseñanza utilizado mayoritariamente por el profesorado, basado en la transmisión verbal de conocimientos ya elaborados, es aburrido y poco participativo. La ausencia de trabajos prácticos, del uso del ordenador y el hecho de no abordar problemas relevantes de nuestro tiempo, que despierten interés, contribuye a la desmotivación y al fracaso escolar. Se esta produciendo un alarmante descenso del interés de los jóvenes por los estudios científicos (Informe Rocard, 2007).
16 de octubre de 2007
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1200
http://www.oei.es/decada/Aprenderquimica.pdf
Reforma de la ley 30: nueva embestida neoliberal en contra de la educación superior.Publicado el 9 octubre, 2010 por El Zurdo
De nuevo el gobierno colombiano, en uno de los embates que suele asestar contra todo lo que debe ser valioso y apreciado en una sociedad decente, ha decidido ponerle aun más trabas y torpedear de manera más flagrante el financiamiento de las universidades públicas del país. Solo gobiernos como estos,seguidores a ultranza del dogma neoliberal impuesto desde Washington, podrían ponernos en esta situación: defender una ley que criticábamos hace unos meses, pero que de ser reformada, lesionaría de manera más grave aún la educación pública, ya de por si deteriorada.
Con el pretexto de reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, que es la que regula y determina la forma de financiación de las universidades públicas, el “nuevo” gobierno intenta de manera clara profundizar el sometimiento de la educación superior a las lógicas del mercado, al “razonamiento” del lucro y el beneficio, permitiendo que las políticas educativas se conviertan en instrumentos del gobierno para reproducir y perpetuar la desigualdad social y dejando un tema sustancial y de magna importancia para el desarrollo integral del país al libre e inicuo arbitrio del sistema de oferta y demanda, como si se estuviera hablando de tuercas y tornillos o de cualquier mercancía que se compra y se vende sin menor reparo, en lugar del presente y futuro de miles de jóvenes y de nuestro país
Actualmente los recursos de las Universidades se asignan teniendo en cuenta una base fija puesta en el año de 1993, más el IPC (índice de precio al consumidor) e indexados a pesos de cada año; este sistema, que tiene la misma lógica del precario salario mínimo legal vigente al que se ven sometidos los trabajadores Colombianos, no ha permitido que los recursos crezcan a la par de las obligaciones, pues éstas son cada vez mayores y tienen que ver con enormes esfuerzos en ampliación de cobertura, capacitación docente, descuentos por votación, infraestructura, entre otras, pero, esta forma de financiación, aunque precaria, permite por lo menos un monto fijo de manera anual y no tiene condicionamientos de ningún tipo para su desembolso. Los recursos asignados de esta manera, como se ha demostrado hasta la saciedad, no solo son insuficientes sino insignificantes para el adecuado manejo de las instituciones de educación superior.
Con esta reforma de la ley 30 se pretende que las universidades pasen a competir entre ellas, por un porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) que aún se desconoce a ciencia cierta, pero que se acercaría a los 2,3 billones de pesos, cifra que no ha sido revisada aun por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para poder acceder a estos recursos se les exigirá a las universidades, el cumplimiento de unos “indicadores de costo y resultado respecto a las funciones de formación e investigación”, además de que garanticen “la ampliación de cobertura y el mejoramiento de calidad” y que tengan en cuenta “la generación y mantenimiento de cupos nuevos según la modalidad de formación, el tipo de programa y el grado de complejidad de la universidad” y “la cualificación y el reconocimiento de la productividad del personal docente durante los últimos tres (3) años”. Lo que se puede traducir en la exigencia de “suficiencia económica y eficiencia financiera”, igual que en la ley 142 y la ley 100, leyes todas con postulados neoliberales, de manera que los estudiantes se convierten en clientes de un negocio más, que como en los otros casos solo profundizara el déficit ya establecido por la aplicación de un modelo educativo ineficaz e insuficiente.
La carnada que nos ponen esta vez, son unos pocos pesos que obligaran a ahondar, aun mas, el progresivo envilecimiento de la calidad académica y de bienestar en las universidades, primando el aumento desmedido de cobertura y los subsidios a la demanda, por encima de los requerimientos y las exigencias de mejoras sustanciales en el plano académico y estructural que la comunidad universitaria viene realizando desde hace muchos años. Recordemos que el pescador no le pone una carnada al pez porque le tenga cariño y quiera alimentarlo, sino porque lo quiere y lo necesita como su alimento.
La voraz competencia por nuevos recursos, sujetos a la desmedida ampliación de cobertura, tiene el propósito fundamental de que las instituciones de educación superior (IES) centren su política en la apertura de todo tipo de programas de pregrado, posgrado y de carreras técnicas y tecnológicas, sin ningún tipo de calidad, sometidas a los requerimientos del mercado y a costos cada vez más altos, corriendo la educación superior, la misma suerte de la salud Pública, que bajo esta misma lógica, hoy esta postrada en la más grande crisis de la historia, con una precaria calidad y con costos difícilmente sufragables. De esta manera lo explica el rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, quien afirma que la “divergencia radica en que el proyecto de ley no resuelve el problema estructural de financiación de la educación superior”, siendo él, el único rector en mostrar algún tipo de desacuerdo con la medida.
Realmente el presente de la educación pública no es diferente a la situación de la salud y de los servicios públicos en nuestro país. Después de la constitución de 1991, desafortunadamente se abrió la posibilidad de privatización de estos tres aspectos de significación suprema para el bienestar de nuestra sociedad. Se limitaron estos derechos, removiéndole su condición de universalidad y se sujetó su prestación a las leyes de la economía: que cada persona tenga acceso a ellos de acuerdo a su capacidad adquisitiva.
Por ejemplo desde la aplicación de la nefasta ley 100, el detrimento del sistema de la salud ha sido palpable. Una vez insertada en esta dinámica, la salud de los colombianos ha sufrido todo tipo de problemas y vicisitudes, sin embargo las empresas han obtenido jugosísimas ganancias. La privatización no nos ha llevado a obtener más beneficios como usuarios, sino a observar impávidos, los gigantescos dividendos que unos pocos logran en menoscabo del interés general.
El objetivo de esta reforma en ultimas es continuar reforzando el modelo neoliberal que se le ha impuesto a la educación en Colombia. El espíritu es el mismo que ha llevado a una monumental crisis a la salud y que ha servido como excusa para convertir a Colombia en un paraíso fiscal, donde todo se despacha al mejor postor y se dan todas las garantías de lucro posibles a unos pocos.
No es difícil explicar este punto ya que de acuerdo a informes del mismo Ministerio de educación, el empeoramiento en la calidad y la falta de soporte financiero por parte del estado hacia las universidades es evidente, no solo descuidando sino terminando de perjudicar la calidad educativa cada vez con más saña. Se privilegia la cantidad de estudiantes a la calidad impartida. En el año 2002 se matricularon en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, 215.285 personas; este mismo indicador aumento de manera desproporcionada hasta el año 2009, cuando se matricularon 507.382 personas.
Este aumento se ha dado en parte, debido al reforzamiento del ICETEX, un banco de segundo piso para el crédito educativo que cobra altísimos intereses. Esta entidad en el año 2006 brindó crédito a 143 mil estudiantes y en el año 2009 a 215 mil. Aumentan los estudiantes pero también aumenta la deuda de las familias colombianas y los beneficios del estado y de quienes manejan esta entidad financiera. Dicho reforzamiento se evidencia con esta reforma, que busca también fortalecer el denominado subsidio a la demanda que pretende “otorgar crédito educativo a estudiantes para cursar programas de educación superior en instituciones públicas o privadas” destinando los recursos “prioritariamente a la financiación de carreras técnicas y tecnológicas y a estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, que recibirán además de los recursos de la matrícula, una suma adicional para sostenimiento” según aparece registrado en la estrategia educativa del MEN denominada “Visión 2019”. Los recursos de este subsidio provendrán principalmente del ICETEX. Aumenta de la demanda, aumentan los créditos, y se arma un negocio redondo; la mercantilización del conocimiento al rojo vivo.
El modelo que desean conservar es el que ha provocado una disminución rápida y progresiva de los aportes del estado a los estudiantes. En 1993 el estado aportaba por cada estudiante 5,69 millones de pesos, mientras que en el 2008 ese aporte se redujo a tan solo 3,67 millones de pesos por estudiante. El recorte a las transferencias, una ley que estanca los presupuestos de las universidades y los congela mientras los gastos internos continúan creciendo y toda una serie de medidas antidemocráticas tomadas por los gobiernos de turno y agudizadas durante el régimen de Uribe bajo el nombre falaz de la “revolución educativa”, han generado que la educación colombiana se encuentre en una crisis innegable. En 1993, cuando el estado aun llevaba las riendas de la educación y del manejo del conocimiento de manera adecuada, el 84% del presupuesto de las universidades era producto de las transferencias de la nación, el 7% de las matriculas y el 8% de otros ingresos (actividades de investigación, asesorías y consultorías, venta de bienes y servicios, educación continuada, etc.). En el presente, el patrón que impusieron los defensores de intereses ajenos al bienestar general, nos lleva a cifras contundentes: en 2008 el estado aportaba a través de transferencias el 51% del presupuesto, las matriculas constituyeron el 14 % del mismo, y los otros ingresos, producto de la venta de servicios y apertura de nuevos programas aportaron el 35% del presupuesto total. Queda claro que cuando el gobierno asegura que con estos cambios busca mejorar la educación, ya no apela a la demagogia sino a la comedia pura: la solución para los males de la educación superior, es aplicar las mismas formulas que nos han llevado a ellos.
La reforma de la ley 30 busca perpetuar este modelo nefasto, en el que una minoría recibe educación de punta, comparable con la de países altamente desarrollados como preparación para ejercer altos cargos fuera de Colombia o para “tomar las riendas del país” desde alguna posición elevada y en donde una mayoría expuesta y expoliada desde todos los flancos, recibe una educación de maquila para -con suerte- ser ocupados (o subocupados) en alguna empresa, con un sueldo que apenas les sirva para su subsistencia en el mejor de los casos.
Colombia exige hoy transformaciones reales que lleven a sus universidades al nivel que se merecen. No podemos seguir aspirando con tener un país mejor si el apoyo que se le da a su base material y científica esta terriblemente mal. La educación debe ser un elemento de profundo interés para el avance de una nación, lejos de la visión tecnocrática que pretende formar individuos que acumulan capital humano solo para ser explotado en el mercado.
La solución es simple: la financiación de la educación es obligación del estado, una educación de mala calidad solo profundiza las inmensas brechas sociales existentes, si el estado no genera un aumento adecuado en la base presupuestal de todas las universidades públicas, cada propuesta que emerja de él o de sus órganos, no será más que demagogia y populismo.
Con el pretexto de reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, que es la que regula y determina la forma de financiación de las universidades públicas, el “nuevo” gobierno intenta de manera clara profundizar el sometimiento de la educación superior a las lógicas del mercado, al “razonamiento” del lucro y el beneficio, permitiendo que las políticas educativas se conviertan en instrumentos del gobierno para reproducir y perpetuar la desigualdad social y dejando un tema sustancial y de magna importancia para el desarrollo integral del país al libre e inicuo arbitrio del sistema de oferta y demanda, como si se estuviera hablando de tuercas y tornillos o de cualquier mercancía que se compra y se vende sin menor reparo, en lugar del presente y futuro de miles de jóvenes y de nuestro país
Actualmente los recursos de las Universidades se asignan teniendo en cuenta una base fija puesta en el año de 1993, más el IPC (índice de precio al consumidor) e indexados a pesos de cada año; este sistema, que tiene la misma lógica del precario salario mínimo legal vigente al que se ven sometidos los trabajadores Colombianos, no ha permitido que los recursos crezcan a la par de las obligaciones, pues éstas son cada vez mayores y tienen que ver con enormes esfuerzos en ampliación de cobertura, capacitación docente, descuentos por votación, infraestructura, entre otras, pero, esta forma de financiación, aunque precaria, permite por lo menos un monto fijo de manera anual y no tiene condicionamientos de ningún tipo para su desembolso. Los recursos asignados de esta manera, como se ha demostrado hasta la saciedad, no solo son insuficientes sino insignificantes para el adecuado manejo de las instituciones de educación superior.
Con esta reforma de la ley 30 se pretende que las universidades pasen a competir entre ellas, por un porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) que aún se desconoce a ciencia cierta, pero que se acercaría a los 2,3 billones de pesos, cifra que no ha sido revisada aun por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para poder acceder a estos recursos se les exigirá a las universidades, el cumplimiento de unos “indicadores de costo y resultado respecto a las funciones de formación e investigación”, además de que garanticen “la ampliación de cobertura y el mejoramiento de calidad” y que tengan en cuenta “la generación y mantenimiento de cupos nuevos según la modalidad de formación, el tipo de programa y el grado de complejidad de la universidad” y “la cualificación y el reconocimiento de la productividad del personal docente durante los últimos tres (3) años”. Lo que se puede traducir en la exigencia de “suficiencia económica y eficiencia financiera”, igual que en la ley 142 y la ley 100, leyes todas con postulados neoliberales, de manera que los estudiantes se convierten en clientes de un negocio más, que como en los otros casos solo profundizara el déficit ya establecido por la aplicación de un modelo educativo ineficaz e insuficiente.
La carnada que nos ponen esta vez, son unos pocos pesos que obligaran a ahondar, aun mas, el progresivo envilecimiento de la calidad académica y de bienestar en las universidades, primando el aumento desmedido de cobertura y los subsidios a la demanda, por encima de los requerimientos y las exigencias de mejoras sustanciales en el plano académico y estructural que la comunidad universitaria viene realizando desde hace muchos años. Recordemos que el pescador no le pone una carnada al pez porque le tenga cariño y quiera alimentarlo, sino porque lo quiere y lo necesita como su alimento.
La voraz competencia por nuevos recursos, sujetos a la desmedida ampliación de cobertura, tiene el propósito fundamental de que las instituciones de educación superior (IES) centren su política en la apertura de todo tipo de programas de pregrado, posgrado y de carreras técnicas y tecnológicas, sin ningún tipo de calidad, sometidas a los requerimientos del mercado y a costos cada vez más altos, corriendo la educación superior, la misma suerte de la salud Pública, que bajo esta misma lógica, hoy esta postrada en la más grande crisis de la historia, con una precaria calidad y con costos difícilmente sufragables. De esta manera lo explica el rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, quien afirma que la “divergencia radica en que el proyecto de ley no resuelve el problema estructural de financiación de la educación superior”, siendo él, el único rector en mostrar algún tipo de desacuerdo con la medida.
Realmente el presente de la educación pública no es diferente a la situación de la salud y de los servicios públicos en nuestro país. Después de la constitución de 1991, desafortunadamente se abrió la posibilidad de privatización de estos tres aspectos de significación suprema para el bienestar de nuestra sociedad. Se limitaron estos derechos, removiéndole su condición de universalidad y se sujetó su prestación a las leyes de la economía: que cada persona tenga acceso a ellos de acuerdo a su capacidad adquisitiva.
Por ejemplo desde la aplicación de la nefasta ley 100, el detrimento del sistema de la salud ha sido palpable. Una vez insertada en esta dinámica, la salud de los colombianos ha sufrido todo tipo de problemas y vicisitudes, sin embargo las empresas han obtenido jugosísimas ganancias. La privatización no nos ha llevado a obtener más beneficios como usuarios, sino a observar impávidos, los gigantescos dividendos que unos pocos logran en menoscabo del interés general.
El objetivo de esta reforma en ultimas es continuar reforzando el modelo neoliberal que se le ha impuesto a la educación en Colombia. El espíritu es el mismo que ha llevado a una monumental crisis a la salud y que ha servido como excusa para convertir a Colombia en un paraíso fiscal, donde todo se despacha al mejor postor y se dan todas las garantías de lucro posibles a unos pocos.
No es difícil explicar este punto ya que de acuerdo a informes del mismo Ministerio de educación, el empeoramiento en la calidad y la falta de soporte financiero por parte del estado hacia las universidades es evidente, no solo descuidando sino terminando de perjudicar la calidad educativa cada vez con más saña. Se privilegia la cantidad de estudiantes a la calidad impartida. En el año 2002 se matricularon en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, 215.285 personas; este mismo indicador aumento de manera desproporcionada hasta el año 2009, cuando se matricularon 507.382 personas.
Este aumento se ha dado en parte, debido al reforzamiento del ICETEX, un banco de segundo piso para el crédito educativo que cobra altísimos intereses. Esta entidad en el año 2006 brindó crédito a 143 mil estudiantes y en el año 2009 a 215 mil. Aumentan los estudiantes pero también aumenta la deuda de las familias colombianas y los beneficios del estado y de quienes manejan esta entidad financiera. Dicho reforzamiento se evidencia con esta reforma, que busca también fortalecer el denominado subsidio a la demanda que pretende “otorgar crédito educativo a estudiantes para cursar programas de educación superior en instituciones públicas o privadas” destinando los recursos “prioritariamente a la financiación de carreras técnicas y tecnológicas y a estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, que recibirán además de los recursos de la matrícula, una suma adicional para sostenimiento” según aparece registrado en la estrategia educativa del MEN denominada “Visión 2019”. Los recursos de este subsidio provendrán principalmente del ICETEX. Aumenta de la demanda, aumentan los créditos, y se arma un negocio redondo; la mercantilización del conocimiento al rojo vivo.
El modelo que desean conservar es el que ha provocado una disminución rápida y progresiva de los aportes del estado a los estudiantes. En 1993 el estado aportaba por cada estudiante 5,69 millones de pesos, mientras que en el 2008 ese aporte se redujo a tan solo 3,67 millones de pesos por estudiante. El recorte a las transferencias, una ley que estanca los presupuestos de las universidades y los congela mientras los gastos internos continúan creciendo y toda una serie de medidas antidemocráticas tomadas por los gobiernos de turno y agudizadas durante el régimen de Uribe bajo el nombre falaz de la “revolución educativa”, han generado que la educación colombiana se encuentre en una crisis innegable. En 1993, cuando el estado aun llevaba las riendas de la educación y del manejo del conocimiento de manera adecuada, el 84% del presupuesto de las universidades era producto de las transferencias de la nación, el 7% de las matriculas y el 8% de otros ingresos (actividades de investigación, asesorías y consultorías, venta de bienes y servicios, educación continuada, etc.). En el presente, el patrón que impusieron los defensores de intereses ajenos al bienestar general, nos lleva a cifras contundentes: en 2008 el estado aportaba a través de transferencias el 51% del presupuesto, las matriculas constituyeron el 14 % del mismo, y los otros ingresos, producto de la venta de servicios y apertura de nuevos programas aportaron el 35% del presupuesto total. Queda claro que cuando el gobierno asegura que con estos cambios busca mejorar la educación, ya no apela a la demagogia sino a la comedia pura: la solución para los males de la educación superior, es aplicar las mismas formulas que nos han llevado a ellos.
La reforma de la ley 30 busca perpetuar este modelo nefasto, en el que una minoría recibe educación de punta, comparable con la de países altamente desarrollados como preparación para ejercer altos cargos fuera de Colombia o para “tomar las riendas del país” desde alguna posición elevada y en donde una mayoría expuesta y expoliada desde todos los flancos, recibe una educación de maquila para -con suerte- ser ocupados (o subocupados) en alguna empresa, con un sueldo que apenas les sirva para su subsistencia en el mejor de los casos.
Colombia exige hoy transformaciones reales que lleven a sus universidades al nivel que se merecen. No podemos seguir aspirando con tener un país mejor si el apoyo que se le da a su base material y científica esta terriblemente mal. La educación debe ser un elemento de profundo interés para el avance de una nación, lejos de la visión tecnocrática que pretende formar individuos que acumulan capital humano solo para ser explotado en el mercado.
La solución es simple: la financiación de la educación es obligación del estado, una educación de mala calidad solo profundiza las inmensas brechas sociales existentes, si el estado no genera un aumento adecuado en la base presupuestal de todas las universidades públicas, cada propuesta que emerja de él o de sus órganos, no será más que demagogia y populismo.
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